21 Dic Prórroga hasta final de febrero de las medidas económicas de apoyo a la dependencia
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, prorrogar las medidas económicas vigentes que garanticen las prestaciones de la dependencia hasta el 28 de febrero de 2021 ante la actual evolución de la pandemia. El objetivo de esta medida es proteger a las personas beneficiarias en situación de dependencia, al tiempo que se favorece la actividad económica de las entidades prestadoras y el mantenimiento del empleo.
Debido a la continuación del escenario de crisis sanitaria, se ha considerado necesario ampliar la vigencia de las medidas contempladas en el Acuerdo de 8 de septiembre de 2020, que ya fueron prorrogadas el pasado 22 de octubre hasta final de este año, sobre la financiación del servicio de ayuda a domicilio y de los centros de día para personas mayores, centros de día y centros ocupacionales para personas con discapacidad.
En concreto, para el servicio de ayuda a domicilio se contempla la reconfiguración del contenido de las atenciones domiciliarias de forma personalizada, verificando siempre que la persona queda debidamente atendida en sus necesidades. En todo caso, esto deberá garantizar la cobertura de las necesidades básicas de los usuarios de grado III (grandes dependientes) y grado II (dependientes severos).
Además, en caso de suspensión del servicio de forma presencial, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) de la Consejería de Igualdad abonará a los ayuntamientos y diputaciones provinciales el importe financiado establecido originariamente, a pesar de la reconfiguración del servicio, siempre vinculado al compromiso de la entidad prestadora de mantener el empleo.
En el caso de los centros de día para personas mayores y con discapacidad y de los centros ocupacionales, en el supuesto de imposibilidad de incorporación de la persona beneficiaria, se procederá a la reserva de la plaza mientras subsistan las circunstancias acreditadas por la autoridad sanitaria.
Por su parte, los centros deberán realizar tareas diarias de seguimiento domiciliario o de carácter telemático adaptadas a cada situación concreta. En esta circunstancia, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia abonará a las entidades por las plazas ocupadas la diferencia entre el coste de cada plaza y las cantidades que deberían abonar las personas titulares. Por otra parte, mientras reciba el servicio de manera no presencial, la persona beneficiaria tendrá una reducción del 60% en su aportación.
Finalmente, con el objeto de dar continuidad asistencial a aquellas personas beneficiarias que lo soliciten y que, por especial vulnerabilidad ante la situación de crisis sanitaria, hayan visto alterado sus circunstancias de forma permanente y sea imposible su incorporación a los centros de día, se priorizará la tramitación de la revisión de su Programa Individual de Atención.
